Aprobada la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública

El Pleno del Parlamento de Navarra ha probado por unanimidad la Ley Foral de modificación de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos, para la introducción de cláusulas sociales en los pliegos administrativos, con el objeto de incorporar “requerimientos de carácter social, con carácter obligatorio”, en los pliegos que rijan todos los procesos de contratación, concesión y gestión de obras y servicios que formen parte del Sector Público de la Comunidad Foral”.
Entre los requisitos de carácter social que los poderes públicos “podrán exigir” para salvaguardar unas condiciones mínimas de contratación se citan, sin perjuicio de otros, el “respeto a las condiciones del último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior” existente en el ramo en el que se encuadra la actividad de la empresa contratista, así como la “subrogación” de todos los trabajadores con una antigüedad mínima de tres meses (en todos los derechos y obligaciones contraídos), cuando se produzca un cambio de empresa contratista o cuando dicha compañía subcontrate, también de manera parcial, su actividad con terceros.
En lo concerniente a la oferta económica del adjudicatario, se establece que deberá ser la “adecuada para poder hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo que corresponda”, de modo que “en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan resultar inferiores a los precios/hora del convenio, más los costes de la seguridad social”.
Los incumplimientosacreditados de las mencionadas cláusulas sociales podrán dar lugar, bien a la “rescisión” del contrato, con “prohibición para licitar durante dos años en cualquier procedimiento convocado al amparo de esta Ley”, bien a la imposición de una pena equivalente al 20% del precio del contrato, pudiendo en este caso continuar con su ejecución.
Se proyecta también incluir en los pliegos de licitación y contratación la “aceptación voluntaria” de los concurrentes, de manera que, en aras a la transparencia institucional, se puedan dar a conocer “todos los datos vinculados al proceso de adjudicación y ejecución, hasta la conclusión del mismo”.

La ley ahora aprobada fue presentada en el Parlamento como iniciativa legislativa popular con el aval de 5.216 firmas y defendida por el responsable de ELASerbitzuak en Navarra, Pablo Sánchez González.
Los promotores de la ILP arguyeron que es responsabilidad de los poderes públicos incidir en la reversión de la “precariedad e inestabilidad” que impera en el empleo subcontratado, un mercado vinculado a “licitaciones realizadas con arreglo a criterios exclusivamente economicistas” que terminan afectando a la “calidad de los servicios” gestionados o explotados de manera indirecta y a las “condiciones laborales”.