Aprobada la Ley Foral de Accesibilidad universal

minus1111El Parlamento de Navarra aprobó, el pasado 7 de junio, la Ley Foral de Accesibilidad Universal. La norma deroga otra de 2010 y alcanza nuevos ámbitos de aplicación. Entre otros, se regulan los del transporte público (vehículos, taquillas, sistemas de información…), Internet y aplicaciones de dispositivos móviles, espacios físicos, productos audiovisuales, mobiliario urbano, espacios naturales, edificios públicos, señales, etc.

En lo que respecta a las entidades locales, cabe destacar el mandato de que en el plazo de un año deben aprobar un plan integral de actuación.

Igualmente, se mantiene la emisión preceptiva de los informes de impacto y accesibilidad y discapacidad, que ahora vincula también a las entidades locales.

En su afán de incidir en el fomento de la vida independiente, se disponen medidas dirigidas a aumentar progresivamente la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, en consonancia con lo dispuesto en la Directiva 2016/2012 sobre las telecomunicaciones y la sociedad de la información.

A ese respecto, en aras a la “inmediatez” y al cumplimiento de los “mínimos” estipulados en la Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010, se consigna que las Administraciones Públicas promoverán el establecimiento de sistemas de subtitulación y audiodescripción por parte de las empresas distribuidoras de obras cinematográficas y audiovisuales.

Al hilo de lo apuntado, se advierte que las campañas de información y sensibilización deberán ser accesibles a todas las personas, para lo cual deberán estar disponibles en formatos de lectura fácil, sistema braille, letra ampliada, lengua de signos, subtitulado y otros sistemas alternativos”. Lo dicho vale, a su vez, para la “fácil localización” de los principales espacios y equipamientos, que además tendrán que estar correctamente iluminados, también en los casos de obras que interfieran en la vía pública, todo a efectos de salvaguardar la seguridad de las personas.

En lo tocante a los instrumentos de ordenación urbanística incluidos proyectos de urbanización y de obra, la Ley incorpora un apartado justificativo del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, debiéndose tener en cuenta la vinculación del sector afectado con los sectores limítrofes. El incumplimiento de alguna de las condiciones exigirá la adopción motivada de los ajustes que sean precisos.

La Ley establece un Consejo para la Promoción de la Accesibilidad Universal y de la Igualdad de Oportunidades para todas las personas en el que, con funciones de “consulta, interpretación, seguimiento y control” de la normativa, estarán representados todos los departamentos, las entidades locales, las entidades asociativas sin ánimo de lucro más representativas, organizaciones de consumidores y usuarios, así como asociaciones físicas o jurídicas que importen, produzcan, suministren o faciliten entornos, productos, bienes y servicios.

A su vez, la norma contempla un sistema de arbitraje a cuya intercesión las partes se someterán de manera voluntaria, a fin de resolver cuantas “quejas y reclamaciones” surjan en materia de accesibilidad. En ese sentido, se promoverá el conocimiento de la mediación como mecanismo de gestión y resolución de conflictos entre las personas con discapacidad y sus familias, para lo cual el Gobierno facilitará un servicio público e imparcial.

En cualquier supuesto, los edificios de titularidad pública o privada destinados a un uso público se proyectarán, construirán, rehabilitarán, reformarán, mantendrán y utilizarán de manera que resulten accesibles, de conformidad con los preceptos del Código Técnico de Edificación (CTE).