Aprobada Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad

Area Compostaje Comunitario Sarriguren111El Parlamento de Navarra aprobó, el 7 de junio, la Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad, norma que tiene como objeto adaptar la gestión de los residuos a la normativa europea y a los nuevos principios sobre la materia, que exigen su reducción, el reciclaje y la eliminación del vertido, todo ello en el marco de lo que se ha dado en llamar economía circular, que alude a la consideración de dichos residuos como un valor económico. Además, persigue la regeneración de espacios y suelos degradados. La norma concreta las medidas organizativas y los instrumentos económicos necesarios y establece el régimen jurídico de un nuevo impuesto que financiará todo ello.

Entre los propósitos destacados de la Ley se encuentran también la regeneración de los espacios degradados y la descontaminación de los suelos, la implementación de un régimen competencial y organizativo de las administraciones públicas de Navarra, y la garantía de una adecuada coordinación entre la Administración y las Entidades Locales para la gestión de los residuos domésticos y comerciales, tanto a nivel de transporte y tratamiento como de recuperación de materiales.

Nuevo ente público

El nuevo Ente Público de Residuos de Navarraestará integrado por las Entidades Locales y la Administración de la Comunidad Foral y adoptará la forma jurídica “más adecuada” para cumplir su función coordinadora en la gestión y prestación de servicios”, garantizándose que en el órgano de decisión tendrán “presencia mayoritaria” las entidades locales competentes. Las funciones de asesoramiento y armonización serán ejercidas por el ente a través de la cartera de servicios, manteniéndose la voluntariedad para la prestación de servicios complementarios, en este caso a través de convenios entre las partes.

La forma jurídica del Ente Público de Residuos de Navarra, en cuyo seno se fomentará la participación de las Mancomunidades y futuras entidades que puedan sustituirlas, se definirá en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley, fecha en la que también quedará disuelto el actual Consorcio. Entre tanto, éste asumirá las funciones que la Ley atribuye al Ente en relación con la gestión del impuesto, la consulta preceptiva para el reparto de fondos y las restantes de colaboración y asesoramiento.

Entre los compromisos de las Administraciones se incluye el deber de planificar qué hacer con los residuos que se generen en sus instalaciones y en las de los edificios que reciban fondos públicos. Así, desde una óptica preventiva, se promoverá la redacción de planes de gestión de desechos, cuidando que el destino de las sobras en los puntos de recogida selectiva instalados al efecto sea el adecuado. Se trata de “potenciar el carácter ejemplarizante” del sector público en la aplicación de los programas aprobados, dejando claro que suya es la obligación y, en cuanto titular de las instalaciones, la responsabilidad de su cumplimiento.

Objetivos

Como cuestión capital, la Ley aborda la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos domésticos y comerciales, que se hace obligatoria para toda la población de Navarra desde el 1 de enero de 2022. El objetivo es llegar a destinar en 2020 el 50% en peso a compostaje o biometanización y el 70% en 2027.

El contenido máximo de impropios de la fracción orgánica recogida selectivamente no deberá superar el 20% en peso en 2020, el 15% en 2022 y el 10% en 2027.

La norma aspira también a que el 1 de enero de 2027 la cantidad de residuos domésticos y comerciales vertidos no supere el 25% y que a final de ese mismo año la proporción de deshechos preparados para la reutilización y el reciclado alcance en conjunto no menos del 75% en peso.

En lo tocante a las bolsas de plástico, se opta por una prohibición generalizada a partir del 1 de enero de 2020, dado que la inclusión de material reciclado en las bolsas “no evita el perjuicio ambiental y de gestión”, cosa que no sucede con otros productos resistentes biodegradables o compostables (bolsa de papel). La restricción alcanza también a la venta de productos envasados en monodosis o cápsulas de un solo uso, cuya venta, muy extendida, genera residuos que “actualmente no tienen tratamiento”. Y a los platos, vasos, tazas y bandejas alimentarias desechables de plástico, excepto aquellas de material biodegradable, conforme a la Directiva 94/62 CE.

Nuevos impuestos

En lo referente a la fiscalidad y para asegurar la financiación de esta nueva política de residuos, el proyecto establece el Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración, con el fin de fomentar la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado. Se establece esta fiscalidad para garantizar la sostenibilidad económica del control, evaluación y gestión de los residuos, penalizando económicamente en función de la generación de residuos.

A tal fin, los tipos de gravamen serán de 5 euros por tonelada en el ejercicio de 2018 y 10 en 2019, llegándose a los 20 euros a partir del enero de 2020.

Los ingresos de este impuesto integrarán una partida presupuestaria específica, denominada Fondo de Residuos, que se destinará exclusivamente a los fines previstos en el proyecto de Ley: acciones de sensibilización y de investigación en prevención; mejora de los sistemas de recogida selectiva y transporte; recuperación de zonas degradas y suelos contaminados; y acciones de preparación para la reutilización, entre otros.

El Departamento competente en materia de Medio Ambiente distribuirá anualmente la partida presupuestaria del Fondo de Residuos, otorgando prioridad a aquellos agentes y entidades que, previa consulta con el Ente Público de Residuos de Navarra, “mejores resultados obtengan” en el cumplimiento de los objetivos marcados dentro de cada tipología.

Por último, se anuncia un nuevo tributo para, a partir del 1 de enero de 2023, gravar el transporte de residuos domésticos con destino a infraestructuras de eliminación o incineración. El propósito es “evitar desplazamientos indeseados dentro y fuera del territorio navarro”.