El Consejo de Estado cuestiona algunos elementos clave del anteproyecto de ley de reforma del régimen local que tramita el Gobierno central

El Consejo de Estado ha emitido ya informe sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y lo ha hecho poniendo en cuestión algunos de los elementos clave sobre los que se sustenta el texto que tramita el Gobierno central y cuestionando su constitucionalidad en algunos casos.

De entrada, critica que el texto del anteproyecto no desarrolle el concepto de coste estándar, dejándolo para un posterior decreto, cuando el mismo es clave para privar a los municipios de sus competencias y transferirlas a las diputaciones. El anteproyecto señala que el Gobierno debe fijar cuál debe ser el coste de cada servicio y que se privará del mismo a los ayuntamientos que sobrepasen el mismo. El Consejo de Estado cuestiona también el traspaso a las diputaciones de estos servicios sin saber si éstas van a tener capacidad para ejercerlos.

En relación con la reducción de competencias, el Consejo no considera que sea inconstitucional, pero sí señala que el legislador puede disminuirlas o acrecentarlas, pero no eliminarlas por completo y que su debilitamiento no debe dañar la autonomía local.

El Consejo critica también que las competencias municipales que no cumplen con el coste estándar pasen a las diputaciones, que son entidades representativas de segundo grado no sujetas a sistemas de elección directa, lo que implica que no se pueda exigir a sus dirigentes responsabilidades políticas. Recomienda que se busquen soluciones más respetuosas con la autonomía local, que podrían ser las mancomunidades. Cabe recordar que esta fórmula es la que se propone, de alguna manera, en la Ley Foral de Reordenación de la Administración Local de Navarra.

Además, al tratar sobre la posible desaparición de las mancomunidades, el Consejo de Estado alude a la posible violación de competencias autonómicas.

Finalmente, el informe señala que la ley no puede obligar a las comunidades autónomas a heredar las competencias en servicios sociales que se suprimen del ámbito local y sugiere además que los ayuntamientos podrían seguir ejerciéndolas como competencias impropias.