El Estado no recurrirá la ley que adaptaba la normativa navarra de régimen local tras la Ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad

El Gobierno de España no recurrirá la Ley Foral 23/2014, de 2 de diciembre, relativa a la Administración Local de Navarra, tras llegar a un acuerdo en la junta de cooperación entre la Comunidad Foral y el Estado.

La decisión se produce una vez que la Administración central ha aceptado que sean las propias entidades locales las que valoren si las competencias distintas de las propias y delegadas que ejercen no ponen en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal y no incurren en supuesto de ejecución simultanea del mismo servicio con otra Administración Pública, en lugar de hacerlo la administración autonómica como defendía el Estado. Por su parte, Navarra ha acordado admitir que los consorcios locales no tengan condición de entidad local.

El acuerdo, alcanzado en los días previos por el grupo de trabajo de la junta de cooperación, ha sido rubricado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y por la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont.

Como se recordará, tras la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el Parlamento de Navarra aprobó la Ley 23/2014, de 2 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. La norma tenía como objetivo, por un lado, otorgar naturaleza de entidad local a los consorcios creados por las administraciones públicas para la prestación de servicios municipales obligatorios.

Como segundo objetivo se trataba de que las entidades locales navarras siguieran ejerciendo en los mismos términos que con anterioridad a la ley de estabilidad financiera las competencias en materia de salud, servicios de inspección sanitaria, servicios sociales y educación, evitando así, además, que fuera el Gobierno de Navarra el que se hiciera cargo de su total financiación.

La Administración del Estado mostró su discrepancia con la Ley foral y anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por dos motivos: que se otorgara la condición de entidad local a los consorcios locales y que recayera en la propia administración local y no en la autonómica la valoración de si el ejercicio de las competencias municipales ponía en riesgo o no la sostenibilidad del conjunto de la hacienda municipal.

Los términos del acuerdo

Según el acuerdo alcanzado en la junta de cooperación, “corresponde a cada entidad local” velar por que las competencias que ejerce distintas a las propias y por delegación no pongan en riesgo la sostenibilidad financiera y no incurran en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio con otra administración pública. Ello sin perjuicio del control que corresponda ejercer a cada comunidad autónoma.

En lo que se refiere a los consorcios, Navarra se compromete a modificar la norma para eliminar su condición de entidad local, y que cada consorcio esté adscrito a una administración pública.