El Gobierno central inicia la tramitación de la reforma del régimen local

18 de febrero de 2013. El Gobierno de España aprobó, el pasado 15 de febrero, un informe sobre el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y anunció la remisión del texto al Consejo de Estado, antes de su presentación en las Cortes Generales. La Federación Española de Municipios y Provincias, por su parte, anunció que adelanta al 20 del mismo mes la sesión de su Junta de Gobierno, a la vez que pidió la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local, órgano que debe informar el citado anteproyecto. Aunque han sido cuestiones más o menos anecdóticas, como los límites retributivos de los corporativos locales, las que han llenado las páginas de los medios de comunicación, ha de reseñarse que el texto introduce cambios de profundo calado en el modelo de la Administración Local y en la materialización del concepto constitucional de autonomía local.

Según anunció el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y a falta de hacerse público el texto del anteproyecto, las entidades locales dejarán de prestar las competencias que hoy se califican como impropias y podrían perder las que sí les atribuyen las leyes a favor de las diputaciones (en el caso de Navarra, a favor del Gobierno autonómico). “Los servicios municipales se someterán a un proceso de evaluación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para conocer su coste real y comparar con el eficiente –dice una nota del Ministerio-. Si resulta que no se puede mantener el servicio y se trata de una competencia impropia, se debe suprimir. Si se trata de un servicio mínimo, la prestación de los servicios de los Ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes pasaría a las Diputaciones provinciales”.

Por su parte, las mancomunidades se someterán a un proceso de evaluación y si no lo superan serán disueltas. Lo mismo se dice de las entidades locales menores, si bien en el caso de los concejos navarros cabe pensar que por las competencias de la Comunidad Foral quedan excluidos de esta medida.

Por otra parte, está previsto también que los municipios pierdan algunas competencias en áreas como sanidad, educación y servicios sociales.