El Gobierno de Navarra negocia con el español para que no recurra la ley foral que modificó la normativa foral en materia de Administración Local tras la reforma de la ley de bases

El Gobierno de España trasladó hace unas semanas al de Navarra su disconformidad con algunos preceptos de la Ley Foral 23/2014 de modificación de la Ley Foral de Administración Local, que fue aprobada tras la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Concretamente, la norma navarra dejaba en el ámbito local competencias que la estatal trasladó al de las comunidades autónomas, como las relativas a los consultorios locales, la educación infantil o los servicios sociales de base. Igualmente, otorgaba la categoría de entidades locales a los consorcios formados por Administraciones Locales y la Foral, y arbitraba un sistema para que los ayuntamientos que venían ejerciendo competencias impropias no tuvieran que pedir informes a las otras Administraciones sobre no duplicidad de competencias y estabilidad financiera para mantener su ejercicio, dejando en sus manos la valoración.

El Gobierno de Navarra intenta ahora convencer al del Estado de la constitucionalidad de la medida. Si finalmente no lo consiguiera y éste presentara recurso, la ley quedaría automáticamente suspendida.