El Parlamento tramita una ley “transitoria” que adapta la norma estatal de régimen local a Navarra

La Comisión de Administración Local del Parlamento de Navarra ha aprobado ya el dictamen del proyecto de Ley de modificación de Administración Local, proyecto con el que se pretende, entre otras cosas, mantener en la esfera de la Administración Local algunas competencias que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad transfería a las comunidades autónomas, concretamente, las referidas al primer ciclo de educación infantil (0-3 años), los servicios sociales y salud (consultorios, sobre todo).

El proyecto, que debe ser ahora aprobado por el Pleno de la Cámara, fue presentado por el Gobierno como una norma transitoria hasta que se aprobara la ley foral de reordenación de la Administración Local de Navarra sobre la que trabajaba el Parlamento. No obstante, hasta el momento, los grupos parlamentarios no han alcanzado un acuerdo sobre el contenido de ésta, y todo parece indicar que no habrá un texto en la actual legislatura.

En el curso del debate efectuado en Comisión se acordó suprimir la referencia a las escuelas infantiles, cuya financiación se regirá de acuerdo a lo estipulado en la Ley 16/2014, de 1 de julio, y no conforme a la Orden Foral 64/2013, de 5 de julio, donde se contemplaba una posible “reducción” de las cantidades a transferir por el Gobierno, en función “de las disponibilidades presupuestarias y mientras persista la actual coyuntura económica”.

Con esta previsión, aprobada en Pleno el 26 de junio con los votos en contra de UPN y PPN, se pretendió asegurar vía Ley el “mantenimiento para el curso 2013/14 y venideros de las mismas condiciones aplicadas en el curso 2012/13”

En cuanto a las prestaciones que no sean propias o delegadas, las entidades locales podrán seguir prestando dichos servicios y actividades, “siempre que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal (de acuerdo con la legislación de estabilidad contable en vigor) y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea” con otra Administración Pública. La asunción de nuevas competencias de esa naturaleza, por el contrario, “requerirá la emisión de los informes previstos en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local”.

El proyecto de Ley establece que será la Administración Foral, y no la Administración central, la que decida sobre las fórmulas de gestión compartida que deben plantear los municipios de menos de 20.000 habitantes para la prestación de servicios: tratamiento de residuos, abastecimiento de agua, limpieza, alumbrado público, etc.

En lo tocante a la creación de nuevas agrupaciones de servicios administrativos, opción bloqueada desde 2011, la Comisión ha dado el visto bueno a la citada previsión, si bien la supedita a la aprobación por “mayoría absoluta del Pleno de todos los municipios afectados”. Así, se abre la posibilidad de agruparse para compartir las labores de secretaría e intervención a los municipios limítrofes, “siempre y cuando esta unión tenga por objeto la prestación de servicios administrativos que garanticen el control financiero y presupuestario” exigido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Asimismo, el proyecto de Ley concede el carácter de entidad local a los consorcios constituidos por las administraciones públicas para la prestación de servicios municipales obligatorios. El objetivo de esta medida, a la que en Comisión se ha agregado el requisito de “voluntariedad”, es propiciar que la responsabilidad en el presupuesto y control de entidades como el Consorcio de Residuos, formado por la Administración Foral y los ayuntamientos, “siga recayendo en estos últimos y no pase al Gobierno de Navarra, como ocurriría de aplicarse la ley estatal”.

Respecto a la consideración de entes locales, la Comisión ha acordado por unanimidad otorgar tal condición a la Unión de Aralar, recogiendo así la petición de sus responsables, tal y como se apunta en la enmienda presentada al efecto por los no adscritos.

En otro orden de cosas, se ha suprimido la disposición que comprometía al Gobierno de Navarra a elaborar antes del 30 de junio de 2016 un proyecto de ley foral tendente a regular y ordenar la gestión integral de los residuos urbanos de Navarra.