Entra en vigor la Ley de Transparencia

El pasado 10 de diciembre, entró en vigor la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, publicada en el Boletín Oficial del Estado de hace un año. Buena parte de la norma tiene carácter básico y es de aplicación a las entidades locales de Navarra, que como las del resto del Estado, disponen de un plazo de un año todavía para su aplicación.

Navarra cuenta ya con una ley similar, la Ley Foral 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y del Gobierno Abierto, de aplicación solo a la Administración autonómica. Esta norma, sin embargo, incluye una disposición adicional en la que se encomienda al Gobierno de Navarra la presentación al Parlamento de una Ley Foral que incorpore a la actividad de las entidades locales de Navarra los principios y previsiones contenidas la misma.

La entrada en vigor de la Ley estatal de Transparencia, a excepción de su título II, en el que se regula el acceso de los ciudadanos a la información pública, no fue inmediata. La Disposición Adicional Novena de la Ley establece que el Título Preliminar, el título I y el Título III entrarán en vigor al año de su publicación en el BOE, plazo que acaba de cumplirse y que ha determinado el estreno del Portal de Transparencia de la Administración Estatal.

No obstante, para los órganos de las CCAA y Entidades Locales se dispone un plazo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en la ley, que llega hasta el 10 de diciembre de 2015.

La ley se divide en las tres partes que determinan su propia denominación -transparencia y obligaciones de publicidad activa, derecho de acceso a la información pública, y principios de buen gobierno de los altos cargos-. Su aplicación se extiende a todas las Administraciones Públicas, esto es Administración estatal, autonómica y local, además de a sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales, corporaciones de derecho público, sociedades mercantiles en las que la participación de la Administración Pública sea superior al 50%, y a otras instituciones, como la Casa del Rey, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y órganos autonómicos similares.

Por lo que se refiere a las obligaciones de publicidad activa que conlleva la norma para las distintas Administraciones Públicas, y por tanto también para la local, hay que decir que afecta a las funciones que desarrollan, a la normativa que les resulta de aplicación y a sus estructuras organizativas.

Dentro de la información económica, presupuestaria y estadística que la Administración local tendrá que publicar, se incluye:

–          Todos los contratos, tanto públicos como privados.

–          Los convenios.

–          Subvenciones.

–          Presupuestos y cuentas.

–          Retribuciones altos cargos y cargos electos.

–          Cumplimiento y Calidad de los servicios públicos.

–          Relación de bienes inmuebles.