La FNMC acuerda con las agrupaciones electorales afectadas una batería de actuaciones para resolver el problema de los gastos de campaña

agrupaciones222El presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Pablo Azcona, y representantes de medio centenar de agrupaciones electorales que concurrieron a los comicios locales de 2015 acordaron ayer, en una reunión celebrada en Pamplona, una batería de actuaciones para dar solución a la problemática suscitada por el límite legal de los gastos de la campaña electoral.

Dicha problemática se concreta en la apertura de actuaciones por el Tribunal de Cuentas a 57 agrupaciones electorales en Navarra y más de 800 en todo el Estado, que podrían derivar en sanciones, por sobrepasar el límite de gasto permitido en la campaña electoral de 2015, y en la imposibilidad de realizar una mínima campaña electoral si se mantiene dicho límite de gasto permitido por la ley, cifrado en 0,11 euros por habitante.

Entre otras medidas, la FNMC ha solicitado ya una cita con la directora general de Política Interior del Gobierno central, para tratar el problema. También ha solicitado una entrevista con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias para que esta institución realice a su vez las gestiones oportunas, por afectar el problema a más de 800 agrupaciones en todo el Estado.

Por otra parte, el presidente de la FNMC anunció en la reunión su voluntad de reunirse con los representantes navarros en las Cortes Generales y de informar a los partidos políticos del ámbito foral.

Entretanto, la FNMC va a remitir este lunes a los afectados un documento modelo para la presentación de alegaciones.

En definitiva, el objetivo de la Federación, acordado con los afectados, es solucionar la situación en el Tribunal de Cuentas y cambiar la ley para elevar el límite de gasto de campaña para 2019.

agrupaciones333La reunión de ayer se produjo después de que 57 agrupaciones recibieran, la mayoría en las últimas semanas, sendas comunicaciones del Tribunal de Cuentas en las que se les concede un plazo para presentar alegaciones antes del inicio de expedientes que podrían derivar en sanciones económicas por incurrir en mayores gastos de los legalmente permitidos durante la campaña electoral de 2015.

Se da la paradoja de que las agrupaciones afectadas presentaron las cuentas de campaña aquel año con el ánimo de cobrar las subvenciones que la ley concede y ahora se ven en riesgo no solo de no cobrar dichas subvenciones, sino de recibir una multa, pese a que, en general, el gasto que realizaron en campaña corrió a cargo de los propios integrantes de la agrupación.

Un límite insuficiente

En su inmensa mayoría, las agrupaciones electorales de los municipios navarros acometen gastos muy bajos. Generalmente la impresión de alguna hoja o algún folleto, tal vez algún cartel y, en pueblos medianos, el buzoneo de la propaganda. También pueden contratar megafonía o alquilar el uso de algún local para algún acto, por ejemplo.

Sin embargo, casi cualquier gasto que hagan supera el límite que la ley les permite, cifrado en 0,11 euros por habitante para las agrupaciones que se presentan en un solo municipio, que son la práctica totalidad (un grupo de vecinos que se unen para presentar una candidatura al ayuntamiento). Con esa cantidad, el límite de gasto en un municipio de 1.000 habitantes es de 110 euros, y en uno de 4.000, de 440. La cantidad permitida resulta claramente insuficiente para cualquier campaña, por modesta que sea. El sinsentido de la normativa queda reflejado en el hecho, puesto de manifiesto por el propio Tribunal de Cuentas en un informe, de que se prevé conceder subvenciones por gastos electorales que pueden ser superiores al límite permitido de estos gastos.

No ocurre lo mismo con los grandes partidos, ya que la ley permite incrementar el límite de gasto en 150.000 euros a los que concurran en más de la mitad de los municipios de la provincia.

Perjuicio a la participación política

En este sentido, el presidente de la FNMC destacó que el establecimiento de límites de gasto tan bajos afecta al derecho a la participación política de la ciudadanía, al privar a las agrupaciones de vecinos de los recursos mínimos para trasladar a los vecinos sus programas electorales. Además, Azcona destacó que se produce una situación de desigualdad entre las agrupaciones y los grandes partidos políticos al permitirse a estos un límite de gasto sensiblemente más alto.