La FNMC firma un convenio con el Poder Judicial y el Gobierno de Navarra para atender a las personas desahuciadas en riesgo de exclusión social

Morrasb1111La FNMC, El Gobierno de Navarra y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han firmado un convenio de colaboración para detectar y atender a aquellas personas desahuciadas de su vivienda habitual, sea por ejecución hipotecaria o por impago de la renta de alquiler, que presentan un riesgo de exclusión social.

El acuerdo fue suscrito el 11 de octubre por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Morrás; el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Miguel Carmona; y el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Mariano Herrero.

El objetivo de esta iniciativa es que aquellas personas que van a ser desahuciadas de sus hogares y presentan una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social se encuentren con “una respuesta de las administraciones sensible y adecuada, en el marco de la normativa vigente”, tal y como expresa el texto firmado.

Se entienden por situaciones de vulnerabilidad las establecidos en sendos decretos de protección de los desahuciados aprobados en 2012. Entre otras, las familias numerosas, las que no ingresan ningún salario o las que cuentan con minusválidos en su seno.

Tras la firma por la FNMC del mismo, son ahora las entidades locales las que deben adherirse voluntariamente al mismo.

Ejecución hipotecaria

El convenio establece los mecanismos para que cuando se detecten casos de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, éstos sean evaluados y atendidos por los servicios sociales.

En cuanto a los procedimientos de ejecución hipotecaria, los jueces se cerciorarán de que el deudor ha sido informado de manera clara y veraz del contenido y de las posibilidades previstas por la legislación en esta materia. Si comprueban que no ha sido así, le remitirán una explicación comprensible de estas alternativas con el fin de que pueda, en su caso, hacer las alegaciones que considere oportunas.

Además, si se detecta un riesgo de exclusión social del deudor, los jueces trasladarán el caso al Departamento de Políticas Sociales o a los servicios sociales de la entidad local correspondiente para que analicen la problemática y realicen las actuaciones correspondientes. En situaciones de especial vulnerabilidad, el juez podrá resolver si procede decretar una suspensión de la ejecución hipotecaria, durante un máximo de diez días, para facilitar la labor de los servicios sociales.

Una vez examinada la situación por los servicios sociales, ya sean del Gobierno de Navarra o locales, y corroborado el riesgo de exclusión social, el juez procurará adecuar la tramitación del procedimiento para garantizar la tutela y efectividad de los intereses legítimos de ambas partes.

Impago de la renta de alquiler

Respecto a los desahucios por el impago de la renta de alquiler, el deudor recibirá junto con la citación judicial y la copia de la demanda un folleto informativo de los servicios y programas de asistencia social que tiene a su alcance, bien sean del Gobierno de Navarra o de su entidad local.

Del mismo modo, si se detecta un riesgo de exclusión social del deudor, los jueces trasladarán el caso al Departamento de Políticas Sociales o a los servicios sociales de la entidad local correspondiente para que analicen la problemática y realicen las actuaciones correspondientes.