La FNMC informa favorablemente el anteproyecto de Ley Foral de Contratos y propone algunos cambios para adaptarlo a la realidad de las entidades locales

Pamplona, a 23 de febrero de 2017. Los representantes locales en la Comisión Foral de Régimen Local emitieron informe favorable al Anteproyecto de Ley Foral de Contratos Públicos, en la sesión de dicho órgano consultivo celebrada ayer, a la vez que propusieron al Ejecutivo algunos cambios en el texto con el objeto de adaptar mejor sus disposiciones a la realidad de las entidades locales.

La nueva ley derogará a la actualmente en vigor y tiene por objeto, entre otras cosas, adaptar la normativa navarra a las dos directivas europeas sobre la materia aprobadas en 2014.

El texto supone una modificación sustancial sobre la ley actual y afectará a los procedimientos de contratación de las Administraciones Públicas de la Comunidad Foral.

Entre los cambios previstos, cabe señalar la tendencia a dividir los contratos en lotes para favorecer el acceso a los mismos de las Pymes, la necesidad de planificar y publicar las condiciones que prevé cada entidad para alcanzar el 6% de reserva de contratos de cada ejercicio para entes de carácter social, o la puesta en marcha de la Plataforma de licitación electrónica a través de la que todas las Administraciones tendrán que tramitar sus procedimientos de contratación.

En su informe, la FNMC ha pedido al Gobierno que clarifique en la ley la forma de computar cada año el citado 6%, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que a veces las entidades locales suscriben contratos excepcionales por su volumen, como algunos de obras, que distorsionan la realidad habitual.

La Federación ha propuesto también elevar el umbral de incompatibilidades para contratar (generalmente por parentesco) de los 2.000 a los 5.000 habitantes, debido a que al extender la norma dichas incompatibilidades, que alcanzarán a parientes en segundo grado, podrían generar dificultades en las pequeñas entidades locales.

Igualmente, la FNMC ha propuesto al Gobierno elevar el umbral de los contratos menores hasta las cifras establecidas en el régimen común: 18.000 euros para los contratos de suministros y servicios y 50.000 para las obras.