Los ayuntamientos navarros conservarán competencias que la ley estatal atribuye ahora a las comunidades autónomas

El Parlamento de Navarra aprobó, el pasado 27 de noviembre, una ley que mantiene en el ámbito local las competencias de primer ciclo de educación infantil (0-3 años), servicios sociales de base, salud (consultorios e inspección sanitaria), y promoción y reinserción social, que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local trasladaba a las comunidades autónomas.

La ley foral atribuye a sus disposiciones un carácter transitorio, hasta el momento en que el Legislativo Navarro “apruebe un nuevo sistema de financiación en consonancia con la ley foral que regule el Mapa Local y la ordenación de las entidades locales de Navarra”. Como se sabe, a lo largo de la legislatura que ahora termina, tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios han trabajado con diversos proyectos de reordenación de la Administración Local de Navarra, sin que ninguno de ellos llegara a ser aprobado.

La norma establece también que “con el alcance y temporalidad” citados, las entidades locales de Navarra podrán seguir prestando los servicios públicos o desarrollando las actividades que venían ejerciendo como competencias impropias “siempre que previa valoración de los entes locales no se ponga en riesgo su sostenibilidad financiera”.

Por otra parte, ha otorgado el carácter de entidad local a los consorcios que constituyan las entidades locales y la Administración Foral para prestar servicios municipales obligatorios, en clara referencia al consorcio de residuos. De esta forma, estos organismos se regirán por la normativa local, pese a contar entre sus participantes con una comunidad autónoma.

Además, la ley ha desbloqueado la posibilidad de crear agrupaciones de servicios y ha otorgado a la Comunidad Foral la competencia para decidir sobre la forma de prestación de diversos servicios municipales, que la Ley de Bases de Régimen Local otorga al Gobierno central a propuesta de la diputación provincial correspondiente. Dichos servicios son, entre otros, los de agua, residuos, limpieza viaria, etc. y la norma estatal atribuye a las diputaciones la posibilidad de proponer, “con la conformidad de los municipios afectados” si los presta ella misma o se llevan a cabo por otras fórmulas, como los consorcios, las mancomunidades, etc.