Los tribunales obligan al Gobierno de Navarra a pagar a los ayuntamientos con concentraciones escolares los gastos derivados de los alumnos de otros pueblos

La Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha sentenciado que el Gobierno de Navarra debe pagar a los ayuntamientos con concentraciones escolares los gastos de mantenimiento de los centros derivados de los alumnos de otros pueblos. La sentencia afirma también que estos gastos deberían correr a cargo de los municipios que trasladan a los alumnos al cabecera de concentración, pero que, en tanto el Gobierno no resuelve con éstos dicho pago, recae en él la responsabilidad del pago que, en ningún caso corresponde al municipio titular del centro. Según la sentencia, este “no tiene obligación de asumir unos costes que no corresponden a su comunidad vecinal”. La demanda fue interpuesta por 17 ayuntamientos en los que se crearon dichas concentraciones.

Históricamente, era la Administración Foral la que se hacía parte de esta parte del gasto de los colegios. Sin embargo, con el paso de los años fue rebajando su aportación hasta cantidades que solo cubrían una pequeña parte del concepto en cuestión, alegando que no estaba obligada a cubrir ese coste. La cantidad que ahora tendrá que pagar oscila entre los 40.000 y los 50.000 euros por año demandado.

Viejo acuerdo FNMC-Educación

El origen de la situación se remonta a hace décadas, cuando se construyeron concentraciones escolares y se fueron cerrando muchas escuelas rurales. Como quiera que el Ayuntamiento titular es el responsable de los gastos de mantenimiento, la FNMC y el Departamento de Educación alcanzaron un acuerdo para que dicho Departamento pagara al cabecera la cantidad correspondiente a los alumnos que provenían de otros pueblos.

El argumento que llevó al acuerdo era el siguiente:

–          El colegio cabecera tenía unas dimensiones muy superiores a las que se derivaban de las necesidades del municipio en el que estaba enclavado, con el objeto de acoger también a estudiantes de otros pueblos. Este dimensionamiento elevaba la factura del mantenimiento muy por encima de la que correspondería al ayuntamiento si el colegio fuera solo para sus vecinos.

–          Se veía injusto que el ayuntamiento cabecera pagara por unos gastos que no correspondían a sus vecinos, sino a vecinos de otros municipios.

–          Tampoco parecía razonable que los pagaran los ayuntamientos cuyos vecinos tenían que trasladarse al cabecera para estudiar, primero porque no eran titulares del colegio, y segundo porque ya se les penalizaba teniendo que trasladar a sus estudiantes fuera del pueblo.

–          Así las cosas, el Departamento, responsable de la realización de las concentraciones, asumía el pago de la proporción de los alumnos trasladados.

El acuerdo, sin embargo, se fue degradando con el tiempo en la medida en que el Gobierno comenzó a aportar cantidades insuficientes, gravándose así a las arcas de los municipios cabecera con unas cantidades excesivas.